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Mano dura contra el fraude fiscal y laboral

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Un paso más se ha dado en la lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social. El objetivo de las nuevas medidas: cárcel para los políticos que engañen con las cuentas, penas aún más largas para los que defrauden a Hacienda o a la Seguridad Social y más facilidades para perseguir a los que estafan a la Administración, según palabras de Soraya Sáenz de Santamaría.

Además, con objeto de detener toda actividad fraudulenta y favorecer la regulación voluntaria del contribuyente y la investigación, se han incorporado una serie de mejoras técnicas. Un abanico de medidas necesario en la crisis económica actual, imprescindibles para mejorar, entre otros, la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y gasto público, además de ofrecer una respuesta contundente frente al fraude a la Seguridad Social, tanto en el aspecto recaudatorio como prestacional.

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Desenmascarando a los estafadores


En la tensa situación en la que nos encontramos, el Gobierno pretende parar por todos los medios el fraude a la Seguridad Social existente en España. Con el nuevo abanico de medidas, se tiene como objetivo acabar con el intolerante, con el que defraude y con el que no paga sus impuestos.

Desde luego, con los datos presentados por la inspectora del Ministerio de Empleo del primer semestre del año, las medidas son necesarias y efectivas, sobretodo, para aumentar la recaudación:

  • Empleo irregular descubierto: de 112.480 inspecciones realizadas de empleo irregular, han aflorado 39.887 empleos, lo que supone un 13% más que en el mismo periodo del 2011.
  • Prestaciones por desempleo: se han detectado 3.211 infracciones cometidas por empresarios que eran perceptores de la prestación por desempleo de forma indebida. Del mismo modo, se han descubierto 4.379 falsos parados, los cuales, cobraban el paro y trabajaban.
  • Expedientes liquidatorios: En este semestre se han detectado un total de 531.135.778 euros de cantidades no declaradas a la Seguridad Social, un 5% más respecto al mismo período del año pasado.
  • Empresas ficticias: con empresas ficticias nos referimos a personas que crean empresas sin actividad con el único objetivo de poder acceder a prestaciones. De 11.753 inspecciones que se han realizado, 809 empresas eran ficticias. Del mismo modo, el número de contratos falsos de trabajo anulados para acceder a prestaciones fue de 14.376.

Delito fiscal agravado


Por un lado, se ha creado la figura del “delito fiscal agravado”. Se incluyen en este tipo penal los fraudes fiscales superiores a los 600.000 euros, los cuales serán sancionados entre dos y seis años de prisión (hasta ahora era de uno a cinco años). Además, el plazo de prescripción de este tipo de delitos será de diez años en lugar de los cinco años de los demás supuestos de delito fiscal.

Este nuevo tipo de delito se aplicará cuando los fraudes los cometan bandas criminales, o cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten y oculten la identidad del obligado tributario o determinar la cuantía que ha sido defraudada.

En materia de Seguridad Social, se elevan de cinco a seis años la pena máxima para los que utilicen empresas fantasma, con independencia de la cuantía a la estafa al estado, por simular relaciones laborales para obtener ayudas o prestaciones. Estos delitos no prescribirán hasta pasada una década.

También se reduce la cuantía mínima para considerarse delito, que pasa de 120.000 a 50.000 euros, y se incluye dentro de esa cuantía toda deuda no prescrita en un período de cuatro años. Efectivamente, la cuantía de 120.000 euros era excesiva en el ámbito de la Seguridad Social y la realidad ha dejado ver su falta de operatividad frente a estas prácticas delictivas.

Hasta ahora, era habitual que la falsificación de certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social se sancionase con una multa. Con la reforma, pasa a considerarse falsedad en documento público, castigada con pena de prisión de seis meses a tres años y multa.

Mejoras técnicas


Van a incorporarse y mejorarse una serie de mecanismos para favorecer la regulación voluntaria del contribuyente. Ente ellas destaca la fijación de un atenuante – rebaja importante de la pena- por reparación del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública.

Además, no se paralizará un procedimiento recaudatorio cuando exista un proceso penal (hasta ahora era necesaria una resolución judicial para estos casos). Con objeto de agilizar los trámites, se dará una mayor operatividad en los supuestos de tramas y no será necesario esperar un año si el fraude supera los 120.000 euros, pudiendo así denunciar inmediatamente.

Lucha contra el empleo irregular


No es justo que existan personas que trabajen y cobren el paro a la vez, o que no paguen los impuestos, o emitan facturas “sin IVA”. Es por ello que el gobierno ha aprobado el Proyecto Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

En primer lugar se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social , lo cual permitirá establecer mayores sanciones en aquellos casos fraudulentos que afecten a la pluralidad de trabajadores y suponga una disminución en los ingresos a la Seguridad Social. Supondrá multas que van desde los 6521 euros hasta los 187.515 euros.

Se limita lo que será infracción grave o muy grave. Será infracción grave no cotizar por salarios de tramitación y por las vacaciones devengadas y no disfrutadas. Será muy grave dar ocupación a trabajadores cuyos contratos estén suspendidos u ocuparles a tiempo completo cuando tienen una reducción de jornada, así como comunicar fuera de plazo o no comunicar variaciones de datos a la Seguridad Social.

Por otro lado, se eliminará el actual límite en las sanciones en materia de Seguridad Social fijado en 187.515 euros, con lo que el Consejo de Ministros podrá sancionar infracciones a partir de 125.001 euros y sin fijar el tope máximo de la cuantía de sanciones.

En cuanto al Estatuto de los Trabajadores, se extiende de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.

En Actibva | Aprobado el proyecto ley de Transparencia; Plan antifraude: ¿conseguirá acobardar a los estafadores; Delito contra la Hacienda Pública: defraudación tributaria
Imagen | Esparta

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