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En todas las crisis, el repunte del fraude, la economía sumergida y la evasión de impuestos cobra mayor fuerza que en los periodos de bonanza. Sobre este repunte, existen dos teorías; una que afirma que dicho repunte se genera por la contración y caida de la actividad declarada, sin que se afecte sustancialmente al volumen de la economía sumergida con la que cuenta un pais, y otra teoría que sostiene lo contrario, afirmando que en las crisis, empresas y ciudadanos desplazan y evaden parte de sus ingresos a la Hacienda Pública.
Sea con el origen que sea y mediante el aumento teórico que se quiera poner en tela de juicio, España cuenta con unos niveles altos de economía sumergida, desde el origen de los tiempos y en el momento que las arcas públicas se resienten, el mayor control fiscal, laboral y financiero es latente. Con esta base, el Ejecutivo ha dispuesto un nuevo Plan Antifraude con el objetivo de recaudar un mínimo de 1.000 millones de euros adicionales en los próximos 3 años.
Antecedentes previos al Plan de prevención del fraude fiscal
Desde el origen de la crisis, allá por el 2008, el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) viene presentando una
serie de informes en los que cuantifica el volumen de economía sumergida entre el 18% y el 24% sobre el
PIB.
No obstante, políticos, empresarios, economistas y la propia Agencia Tributaria afirman que estas estimaciones de datos en economía sumergida sólo se pueden aproximar y estas cuantificaciones se llevan a cabo distintas técnicas de medición, bien basadas en métodos directos o métodos indirectos. Todos los informes que se han sacado a la luz están basados en una fórmula de medición u otra, siendo el más llamativo el informe de Gestha calculado de manera indirecta mediante la caida en al recaudación del IVA en diciembre del año pasado.
Con este método de medición, Gestha evaluó el volumen de economía sumergida en 71.156 millones de euros no ingresados en IVA en los últimos 8 años, pero sin cuantificar el PIB que representaba este volumen de economía sumergida.
Con estas cifras en la mano, el pasado mes de enero el ministro de trabajo Celestino Corbacho, se aventuró en cifrar en un 20% del PIB el volumen de economía sumergida. Esta afirmación fue tan polémica que el propio ministro se tuvo que retractar en su cuantificación pero no en la importancia que tiene este volumen para las deterioradas arcas públicas.
Redacción y aprobación del nuevo Plan Antifraude
Con este panorama, el ejecutivo puso a trabajar de manera simultanea a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para
redactar de manera conjunta un Plan Antifraude, complementario a las líneas de actuación inspectora de los tres organismos mencionados que ataje y disminuya el volumen de economía sumergida existente.
El Plan Antifraude fue aprobado ayer (PDF) por el Consejo de Ministros y pivota sobre los siguientes ejes:
- Captación de información, mediante la puesta en común de las bases de datos de los organismos anteriormente señalados. Esta información se verá complementada con la ampliación de las colaboraciones fiscales transfronterizas y la firma de más convenios de doble imposición con paises que tienen la consideración de paraisos fiscales.
Actuaciones de inspección y control simultáneas entre todos los organismos implicados; Agencia Tributaria, Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. El objetivo base, aflorar trabajos y actividades económicas no declaradas, primando sobre todo colectivos con prestaciones públicas y empresas con cifras fuera de los indicadores sectoriales.
Actuaciones de recaudación conjunta para situaciones concursales, alzamientos de bienes, insolvencias fingidas y resto de materias que favorezcan el cobro efectivo de las deudas tributarias. El cobro efectivo de las deudas y sanciones tributarias es la asignatura pendiente, factor que se pretende corregir ampliando las líneas de responsabilidad subsidiaria de deudas y posibles empresas puente o tapadera.
Fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y campaña de información y formación cívica en materia impositiva. Aspirando a educar a la población en materia de buen ciudadano y contribuyente ejemplar.
Este plan de prevención del fraude fiscal no es ambicioso en absoluto, dado que se prevé una recaudación adicional de unos 340 millones de euros por ejercicio, para alcanzar la cifra de los 1.000 millones de euros en el año 2013, tal y como ha previsto el Ministerio de Economía.
Conclusiones
El Plan Antifraude presentado
es un plan poco ambicioso, demasiado ambigüo y con mucha falta de concreción sobre los aspectos fundamentales del fraude fiscal y la evasión impositiva. Si creemos y damos por buenos los distintos informes de evaluación del fraude fiscal anteriormente señanalados, cuantificar el volumen total del fraude en un 10% del
PIB, con unas cifras que oscilan por encima de los 100.000 millones de euros, aflorar sólo 1.000 millones es un plan poco ambicioso.
Por otra parte, se sigue manteniendo la difusa línea de actividades alegales, no se concretan las actuaciones a realizar en fraudes de escasa cuantía o impuestos por imperativo legal ni se articulan mecanismos legislativos paralelos para infinidad de actuaciones que quedan al margen de Hacienda por las imposibilidades y rigideces laborales que impone la propia Seguridad Social.
Por último, bajo mi punto de vista echo en falta un sistema de bonus-malus para la colaboración ciudadana en aras de prevención del fraude fiscal. Al igual que se prima a los inspectores de Hacienda por la consecución de resultados y objetivos, se podría articular un mecanismo de deducciones fiscales o créditos fiscales para aquellos ciudadanos que colaboren activamente en la denuncia y erradicación del fraude fiscal.
Un sistema de este tipo permitiría contar con mayores garantías de cumplimiento de las obligaciones fiscales y sería un pastel muy goloso para muchos ciudadanos. Esperemos a ver los primeros resultados de dicho plan, pero dudo mucho sobre la efectividad y alcance real del mismo en el cumplimiento de sus objetivos recaudadores y educadores a nivel cívico-fiscal.
Imagen | Esparta
Remo, editor de Pymes y Autónomos y El Blog Salmón
Comentarios
interesante
Mayor control, información y coordinación de las distintas administraciones, lo de siempre.
Las empresas con cifras fuera de los indicadores sectoriales…. las pymes, los pequeños pesccaditos, son los objetivos muuy fáciles de localizar, y ahora mismo hay muchos que están intentando sobrevivir precisamente "trampeando cifras, que saltan a la vista a golpe de tecla de cualquier inspector.
Y en cuanto a este "mecanismo de deducciones fiscales o créditos fiscales para aquellos ciudadanos que colaboren activamente en la denuncia y erradicación del fraude fiscal"
…merecería un nuevo post ¿no crees Remo? ;-)
Jeje, me sumo a la sugerencia de Mare :)