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Uno de los canales más importantes a través de los cuales la crisis fiscal ha afectado a la economía europea ha sido la pérdida de confianza, y un requisito indispensable para restablecerla es la prudencia fiscal. Sin embargo un factor positivo es que el ajuste en marcha es rápido y está orientado a reducir el gasto, lo que mejorará la confianza y contrarrestará parcialmente los efectos negativos sobre el crecimiento derivados de la reducción de la demanda pública. Así pues, si la consolidación fiscal se lleva a cabo de forma rigurosa, las repercusiones sobre la actividad económica europea serán más limitadas y transitorias que en el caso de un ajuste fiscal titubeante y poco estricto.
En este contexto, los riesgos financieros, derivados de los problemas de la deuda soberana, formaron un círculo vicioso que acabó aumentando el riesgo de mercado y absorbiendo la liquidez, especialmente en Europa. La publicación de los resultados de las pruebas de solvencia del sistema financiero de la zona euro (test de estrés) ha tenido el efecto positivo de reducir las tensiones, aunque se ha observado una clara diferenciación entre los países. Al haber sido ejecutado por parte del Banco de España de manera rigurosa y haber aportado resultados muy informativos y creíbles. Indudablemente, los riesgos para Europa y para la economía mundial procedentes de los mercados financieros siguen siendo el principal motivo de preocupación.
Nuevamente lo habría hecho de forma débil y ligeramente por encima de lo observado durante el primer trimestre de 2010. Los efectos contractivos de corto plazo que pudieran derivarse del ajuste fiscal y el impacto sobre las decisiones de consumo e inversión de la mayor incertidumbre en los mercados de capital hacen que haya aumentado la probabilidad de una recaída transitoria y limitada de la economía durante el tercer trimestre del año.
De todas maneras, hacia delante, puede preverse que en el escenario más probable continuará la mejora de la confianza y disminuirá la percepción de riesgo. De hecho, el ajuste de los desequilibrios en el sector privado se encuentra en una etapa avanzada, con tasas de ahorro elevadas y correcciones de la inversión en sectores con sobrecapacidad. Lo anterior ha permitido una reducción de las necesidades de financiación de la economía que no se observa en otros países con desequilibrios similares al inicio de la crisis.
El aumento en los impuestos se ha concentrado, hasta el momento, en los indirectos; la disminución del déficit estructural se da durante los primeros años del ajuste; y nuestra economía goza de una credibilidad ganada a través de la consecución rigurosa de metas fiscales en el pasado. Todo lo anterior debería verse reforzado a medida que se conozcan los datos de ejecución presupuestaria del Estado, los cuales ya muestran una mejora importante durante los primeros seis meses del año en curso.
A su vez, tanto estas medidas como las que se incluyan en los presupuestos para 2011 deben evitar minar la confianza de empresas y familias, minimizando su impacto sobre las perspectivas de crecimiento futuro. Resulta conveniente que los ajustes se den más por el lado del gasto corriente que sacrificando inversión pública en infraestructuras, en educación o en I+D+i.
Asimismo, es necesario que se discuta la posibilidad de introducir mecanismos de financiación alternativos para ciertos servicios públicos (por ejemplo, mediante copagos selectivos en sanidad y educación por parte de los ciudadanos que tienen capacidad de pago, y que son mayoría en la sociedad), que incrementen la participación del gasto privado en su provisión, promuevan la eficiencia en su uso, garanticen la sostenibilidad del Estado del bienestar y funcionen como un instrumento más de la política de redistribución de la renta.
En particular, habría que tener en cuenta las diferencias que existen entre las tasas marginales españolas y las de otros países de nuestro entorno, lo que distorsiona las decisiones de empleo e inversión de hogares y empresas. De acuerdo a Eurostat, el tipo implícito sobre las rentas del capital se encuentra 6,7 puntos por encima de lo que se observa en el resto de la UE y es superior al de las rentas del trabajo (cuando en el resto de Europa sucede lo contrario). Por otro lado, la imposición indirecta sigue siendo de las más bajas de la UE a pesar del incremento observado en el IVA desde el mes de julio de este año.
Se dan, por tanto, las condiciones para que la estructura fiscal pueda moverse hacia un sistema que reduzca la carga sobre los ingresos y beneficios de hogares y empresas, poniendo más énfasis en la imposición indirecta. Finalmente, tampoco es recomendable que aumenten significativamente los tipos marginales actuales a las rentas del trabajo con el objetivo de alcanzar una mayor progresividad. Por ejemplo, la ratio del tipo marginal de las rentas del trabajo (43,0%) sobre el tipo medio efectivo (30,5%), se encuentra por encima de la que se observa en la UE (37,5% y 34,2%, respectivamente).
Los incrementos adicionales en el tipo marginal no sólo tienen una escasa capacidad recaudatoria, sino que generarían desincentivos relativos a la acumulación de capital humano y al trabajo en España de la población con mayores niveles educativos, frente a otras economías con menores cargas impositivas, afectando negativamente a la captación de talento y al potencial de la economía española.
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Información extraida del Servicio de Estudios BBVA