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La presidencia belga de la Unión Europea ha comenzado esta semana, tras unas elecciones celebradas a principios de junio que no darán lugar a un nuevo gobierno hasta bien entrado el otoño. En parte por esta debilidad (que se prolonga desde hace tiempo dadas las dificultades para formar gobiernos de coalición), y en parte por la agenda cargada de temas por resolver, el programa de la presidencia belga no tiene ideas fuertes y es bastante continuista, dejando en parte la iniciativa al nuevo presidente del Consejo, el también belga Van Rompuy.
En el apartado económico, y dejando a un lado los retos más a largo plazo enmarcados en la Agenda 2020 y las ya habituales referencias a la economía sostenible y la innovación, las tareas más urgentes están ligadas a los desafíos fiscales en Europa y a las mejoras institucionales que eviten futuras crisis.
La nueva onda de tensiones financieras ha
acelerado los planes de ajuste fiscal en los países de la zona euro que levantan más sospechas en los mercados (España y Portugal); el resto están anunciando planes que, por mucho impacto social y mediático que tengan, sólo ponen los detalles a programas de reducción de déficit que ya fueron anunciadas cuando se presentaron y aprobaron los programas de estabilidad a finales de 2009.
El debate sobre un impulso fiscal adicional que se está produciendo en Estados Unidos está fuera de lugar en Europa, en parte porque las tensiones financieras están asociadas a los altos déficit y en parte porque Alemania está defendiendo fuertemente la necesidad de austeridad.
Por el lado institucional hay varios frentes abiertos, pero el principal es cómo reforzar la gobernanza económica europea, a ser posible sin cambiar el Tratado de Lisboa, para evitar que vuelvan a producir desequilibrios elevados.
En este sentido, el grupo de trabajo constituido por el Consejo y liderado por Van Rompuy preparará sus propuestas para octubre, mientras que el BCE y la Comisión ya han avanzado varias ideas.
Ante la imposibilidad práctica de avanzar hacia una mayor unión fiscal (que no tendría mucho sentido sin una unión política), parece existir cierto consenso en reforzar el principio de las sanciones a quienes no cumplan sus objetivos fiscales, que era la base del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), complementándolas con retirada de fondos estructurales, de los derechos de voto y el adelantamiento de los procedimientos.
No todas estas propuestas son convincentes, ya que si el PEC se incumplió fue en buena medida porque no se pudieron imponer sanciones procíclicas (que agravan la situación de un país cuando tiene problemas). Otras ideas que se barajan son el control por parte de la Comisión o de un nuevo organismo independiente de los presupuestos nacionales antes de que se presenten al parlamento, la vigilancia de los desequilibrios en el sector privado (que son los que han desencadenado la crisis), o la extensión de las reglas fiscales constitucionales a todos los países de la zona.
Sin embargo, todas estas propuestas no son soluciones perfectas. El problema que late tras a crisis griega, y que no tiene fácil solución, es la tensión existente entre la necesidad de salvar financieramente a un país que no cumple para evitar el contagio, y el incentivo que esto genera para no tomarse la disciplina fiscal en serio. La clave de las futuras reglas fiscales es, por tanto, diseñar un mecanismo de solución de crisis que dé una respuesta a este conflicto entre disciplina fiscal y salvamento en última instancia
Miguel Jiménez González-Anleo – Economista Jefe de Europa BBVA Research
Información extraida del Servicio de Estudios BBVA
