La modalidad de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) de los años 90s ha estado centrado en activos tradicionales como las inversiones en bonos, en acciones, depósitos bancarios y productos inmobiliarios, los cuales fueron en su momento una herramienta que ayudo a desarrollar los fondos de pensiones. Sin embargo, las burbujas especulativas y las recesiones han llevado a la reflexión sobre la necesidad de buscar otras alternativas. Es así que los fondos de pensiones se enfrentan al desafío de buscar nuevas fuentes de inversión que sean potencialmente rentables en el largo plazo.
En este contexto surge, un producto alternativo de inversión para las compañías de pensiones AFPs: los proyectos de financiación de infraestructuras. Anteriormente, la exposición de los fondos de pensiones en infraestructuras había sido vía compañías que cotizaran en bolsa (como “utilities”), o por carteras inmobiliarias. Sin embargo, algunos fondos globales están empezando a invertir vía fondos de inversión privada, u ocasionalmente de manera directa. La inversión en infraestructuras lleva a menudo asociado la creación de nuevos instrumentos financieros que suele contar con el respaldo del Estado para el desarrollo económico de los países.
El horizonte de inversión de los fondos de pensiones en los países desarrollados se ha ampliado de manera considerable en los últimos años. Han explorado nuevas fuentes alternas de retorno con una mejor diversificación y un menor riesgo de sus carteras. Las nuevas alternativas de inversión constituyen nuevos nichos para éstas, tales como los hedge funds, materias primas, inversión privada directa, divisas, préstamos comerciales, inversiones en infraestructura y en productos de silvicultura.
En países desarrollados (como Australia, Canadá y Holanda) están cada día más interesados en invertir en programas de infraestructuras (caminos, puentes, aeropuertos, muelles, etc). Como resultado de su reflexión respecto a la falta de capacidad por parte de los fondos de pensiones privados y del estado en aumentar sus ingresos. Todas estas inversiones son propicias, ya que cuentan con el apoyo de un marco regulatorio apropiado para llevarlas acabo.
En América Latina y países en vías de desarrollo, a pesar del interés por invertir en proyectos de infraestructuras, considerados como un producto más tangible y real a diferencia de otros productos más complejos, existe todavía inquietudes acerca del proceso de financiación, garantías, regulación y el tiempo de retorno de estas inversiones. Sin embargo, se esta tratando de incursionar en estos proyectos como es el caso de Chile y México.
En Chile no existe un fondo de infraestructuras como tal. Sin embargo, existe un sistema de concesiones de obras públicas. Las concesionarias (empresas privadas) emiten bonos especiales llamados “de infraestructuras” para financiar su inversión y las Administradoras de Fondos de Pensiones-AFPs los adquieren como cualquier otro bono de instituciones privadas. La regulación del país lo permite dada la conveniencia mutua de los grandes volúmenes de recursos de los fondos invertidos. El primordial requisito de las inversiones es que sean a través de empresas que cumplan ciertos requisito como alta calidad crediticia, una calificación de riesgo entre otros para poder evitar posibles gravámenes.
En México, existe una gran necesidad de proyectos de infraestructura. Por lo que, el actual gobierno ha hecho gran énfasis en impulsarlos creando el Fondo de Infraestructura (FONADIN). Su implementación, sin embargo, todavía esta pendiente de los proyectos de las entidades federativas, factores de factibilidad, aspectos técnicos y regulatorios.
Nota: información proporcionada por el Servicio de Estudios de BBVA
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