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Ley de Costas, Economía y chiringuitos

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La primera industria nacional es el turismo, siendo destacadísima su contribución a los datos de empleo y de captación de divisas. Así de simple. Por ello, cualquier actuación pública que afecte a esta industria es objeto de especial análisis, y más en estos tiempos. Con la entrada en la temporada de playa hemos creído oportuno dedicar un post a desmenuzar la difícil relación entre la Ley de Costas, la Economía y los chiringuitos, siendo posible que nos encontremos en un punto de inflexión.

La actual legislación, del año 88, y su concreta aplicación, ha sido objeto de duras críticas por parte del sector inmobiliario, el hotelero, propietarios de viviendas (con especial relevancia de los extranjeros), etc. Dentro de este conjunto de afectados ha cundido la alarma entre los propietarios de los chiringuitos playeros, que han considerado amenazado el que ha sido el modus vivendi de varias generaciones. ¿Por qué?, ¿cual es el marco legal?, ¿dónde surgen los problemas?, ¿dónde nos encontramos ahora?

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Lo que dice la Ley

La Ley de Costas del 88, y el Reglamento que la desarrolla del 89 son calificados como de muy duros por los grupos críticos. La Ley concreta lo que se considera dominio publico marítimo-terrestre en su articulo 3, siendo mucho más expansiva que legislaciones precedentes: hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos. Esta manera de definir el dominio público marítimo terrestre, además de las consecuencias que luego veremos, conduce a que inmuebles a que antes estaban fuera del mismo ahora estén dentro.

La Ley tiene efectos retroactivos en este sentido. Así, los propietarios de viendo saben que más tarde o temprano éstas serán demolidas, y mientras tanto gozarán de un periodo confesional, con una limitaciones a la hora del uso y mantenimiento del edificio. En el caso de los propietarios de chiringuitos estos pasan a ser meros concesionarios de los mismos, en tanto en cuanto cumplan la legalidad (si no es asi, seran demolidos total o parcialmente). En este sentido veáse el artículo 65 del Reglamento.

Por tanto, y concretando el problema que tratamos, éste afecta a los chiringuitos que se sitúan dentro de la zona de dominio público, no a aquellos que se sitúan más allá, en las denominadas zonas de servidumbre, donde con alguna que potra limitación funciona con plena vigencia el régimen de propiedad privada que conocemos.

¿Y cuál es el problema?

Los problemas que se han generado son múltiples, por citar los más destacados:

  • Para empezar, hay chiringuitos que no pueden cumplir los requisitos que se les exigen, y son demolidos total o parcialmente. Estos casos son especialmente dolorosos cuando se trata de inmuebles que antes de la entrada en vigor de la ley eran perfectamente legales.
  • Aquellos que han tenido que ver reducida su dimensión para acomodarse a la Ley han sufrido un menoscabo en su cuenta de explotación por reducción de ingresos
  • Muchos han pasado de ser propietarios a meros concesionarios, con la posibilidad cierta de perder su negocio cuando la Administración reabra los procesos de adjudicación de dichas concesiones (generalmente 15 años) o bien directamente desestime prorrogarlas.
  • Dicha inseguridad condiciona las inversiones en el chiringuito.

Todos estos problemas se ven acentuados por la inseguridad. Inseguridad a la hora de determinar en el deslinde hasta donde llega el dominio público, dado el modo en que lo definíamos y la manera en que se llevan a cabo dichos deslindes por la Administración. Pero también inseguridad debido a que parece que no se tratan igual todos los casos, tanto a nivel administrativo como judicial, que hay distintas sensibilidades y que también influye mucho la zona del litoral, la comunidad autónoma, etc…

A favor y en contra de la Ley

Los ecologistas están claramente a favor de la Ley. Es más, algunos la consideran insuficiente, y apuestan por un mayor rigor contra estos usos en las playas españolas. Consideran que dicho modelo turístico esta agotado y que estamos matando la gallina de los huevos de oro, dañando nuestro patrimonio natural.

Los hosteleros se han movilizado, tanto dentro de las plataformas de afectados por legislación de costas, como en asociaciones sectoriales. Defienden el servicio que dan al turista, el empleo que generan, los derechos adquiridos, su relación con el paisaje típico de la costa española, su peso económico, etc…

Las Administraciones se dividen. Ayuntamientos y Comunidades se suelen posicionar con los dueños de los chiringuitos, mientras que la Administración Central, la competente en esta materia, ha adoptado hasta el momento una postura claramente favorable a aplicar la Ley con bastante dureza.

¿Qué nos espera para el 2012?

El actual Gobierno, tal y como había prometido en periodo electoral, apuesta por sacar adelante una nueva Ley de Costas. Trataría de concretar y clarificar los puntos que han generado inseguridad, pero también de dar una lectura más flexible y proclive a los intereses privados de la que se estaba dando hasta ahora respecto al dominio público. En este sentido todo apunta a que los propietarios de los chiringuitos van a ver satisfechas algunas de sus reivindicaciones.

¿Será capaz de coexistir el interes económico de los chiringuitos y el respeto al dominio público? Lo veremos.

Más información | Costas Marítimas, Ecologistas en Acción
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