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¿La reforma laboral nos lleva hacia una España low-cost?

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La reforma del mercado laboral ha introducido importantes cambios con los que el Gobierno espera solucionar el gran problema de empleo que vive nuestro país, pero algunas de las medidas ya han despertado dudas razonables sobre su conveniencia. ¿Estamos ante la reforma que necesita la economía española?

A efectos prácticos, la reforma flexibiliza el mercado laboral como nunca antes, abaratando el despido improcedente, aumentando los casos que se pueden acoger al despido procedente por causas económicas y facilitando la bajada salarial por motivos competitivos y de crisis, incluso por debajo de lo establecido en los convenios colectivos. Si los organismos de control no funcionan adecuadamente, los peligros económicos podrían ser muy variados.

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El control sobre la bajada salarial

En el caso de que un empresario quiera modificar las condiciones salariales, dentro de los límites del convenio, de algunos trabajadores puntuales, podrá realizarlo de forma directa y unilateral, por lo que bastaría con una notificación con 15 días de antelación a los empleados y a los representantes sindicales.

Si por el contrario quisiera bajar el salario con carácter colectivo, dentro de los límites del convenio, el empresario no podría realizarlo en ningún caso de forma unilateral, pues deberían contar con el apoyo de los representantes de los trabajadores.

Por otro lado, cuando se quieran reducir los salarios por debajo de lo marcado en el convenio, por motivos de crisis o problemas de competitividad, podrá optarse por el descuelgue del convenio, pero nunca de forma unilateral. Eso sí, en caso de no lograrse un acuerdo entre el empresario y el sindicato, tendrán que acudir a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, que recibirá nuevas funciones a este efecto para decidir.

De esta manera, y ante la posible reticencia de los sindicatos a bajar los salarios por debajo de lo negociado en el convenio colectivo, dicha comisión sería la que confeccionaría el convenio de empresa que sería el aplicable desde ese momento.

Entonces, aquellos empleados que no aceptaran los cambios en sus condiciones salariales tendrían el derecho de solicitar el despido con indemnización de 20 días por año trabajado, distribuido en 9 mensualidades. Después, caerían en la bolsa de desempleo formada por más de 5 millones de personas, lo cual no resulta muy tentador en estos momentos, aunque también podrán reclamar por la vía judicial para que se aclare si el empresario actúa bajo los criterios que dicta la ley.

Hablando en plata, en este último caso, los empleados quedarían a instancias de la comisión o al acuerdo entre sindicatos y empresario, no quedándole otra opción más que aceptar la decisión de dicho pacto si no quieren engrosar las listas del paro. Por suerte, realizar modificaciones salariales de esta índole no va a resultar tan sencillo como podemos leer en muchos medios.

¿Qué pasaría si los órganos de control no funcionaran?

Si la bajada salarial se extendiera sin control, la capacidad de gasto de los ciudadanos se recortaría y por tanto se resentiría el consumo interno, cayendo en una espiral que debería terminar afectando a los precios de muchos productos básicos y por tanto presionando a muchos productores a reducir aún más sus márgenes comerciales.

Ahora bien, España importa una gran parte de sus materias primas y productos, cuyos costes, de origen extranjero, no variarían. De no existir un control adecuado sobre las modificaciones salariales, la crisis podría llamar a más crisis.

Una España low-cost

Una empresa nacional que bajase de forma notable sus gastos laborales ganaría competitividad, dañando al resto de compañías que podrían ser incapaces de alcanzar los precios ofertados debido a sus costes, de modo que podrían terminar realizando las mismas medidas de recorte salarial argumentando las pérdidas económicas o competitivas… y lo malo de las guerras de precios y costes es que nunca terminan especialmente bien para los trabajadores.

Esto podría traducirse en grandes problemas para el ahorro de las familias, pero en casos extremos podría causar una prolongada deflación y la caída de la recaudación vía impuestos indirectos, por lo que cabría esperar medidas fiscales impopulares o nuevos movimientos respecto al sistema de pensiones, etc… acercándonos a las políticas de un país intervenido.

Los salarios bajos aumentarían nuestra competitividad de cara a exportar hacia el resto de Europa o del mundo y puede que se arraigaran empresas e industrias interesadas en los bajos costes laborales, así como que se atraiga más turismo, pero empeoraría la situación de los ciudadanos españoles dentro y fuera de nuestras fronteras.

En definitiva, hablaríamos de una España low-cost competitiva, pero con una limitada capacidad de consumo y con ciudadanos cada vez más incapaces de hacer frente a sus deudas, como las hipotecas, por lo que no sería extraño que aumentaran los índices de morosidad.

Sin poder devaluar una moneda propia, la bajada de salarios ha sido una medida solicitada por algunos miembros de la patronal desde hace años y ahora que se han entreabierto las puertas a tal posibilidad, debemos reflexionar y tener mucho cuidado sobre cómo utilizar esta herramienta tan peligrosa.

En Actibva | Reforma Laboral: un regusto amargo, Ocho artículos clave para comprender la nueva reforma laboral
Imagen | Cdsessums

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