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Las continuas incógnitas en las próximas tarifas eléctricas

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Los despropósitos en la factura de la luz van camino de adquirir magnitudes épicas. El déficit tarifario que se arrastra se quiere eliminar a corto plazo pero las fórmulas que se plantean dejan de ser adecuadas para los consumidores.

La primera vuelta de tuerca importante se le dió a las tarifas en julio del año pasado, en donde se incrementaron los precios de venta por kW desde un 16% a un 30%. Además, se introdujeron las medidas necesarias para poder llevar a cabo la facturación mensual. Primer error grave.

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Las eléctricas argumentan que no disponen de medios humanos suficientes para llevar a cabo estas lecturas mensuales y que el incremento de costes de estructura son muy importantes. En este punto, no hay usuario descontento, reclamaciones abiertas por muchos usuarios y una patata caliente en la mesa del ministerio de industria que no sabe cómo va a solucionar.

Aunque la solución es bien sencilla, que sólo lleve a cabo facturación mensual el contador que no requiera intervención humana para generar esa lectura. Existe tecnología más que suficiente para tomar la lectura automática de los contadores y no tener que diseñar un sistema de facturación estimada que que imposibilita materialmente controlar el gasto por electricidad en el hogar a todos los usuarios.

Por otra parte, la liberalización del sector prevista para el mes de julio, junto con la definición de la nueva tarifa social hace que los consumidores comencemos a preocuparnos por los futuros precios. Si deja de regularse el precio del kW en el mercado abierto, las eléctricas cobrarán lo que ellas estimen oportuno, y nuestro país produce electricidad a un coste desorbitado.

Para aliviar este hipotético incremento de precios a los clientes particulares con menos de 10kW de potencia se define la Tarifa de último recurso, en donde todavía no se han fijado los precios definitivos. Estos precios serán fijados por orden ministerial e irán vinculados con los costes de producción pudiéndose revisar cada seis meses en función de la evolución del precio de las importaciones o coste del petróleo por ejemplo.

Como se prevé que este precio no sea precisamente barato, se crea una tarifa social que garantizará mantener el precio de la luz durante 4 años si se cumplen requisitos de desprotección social y mínimos de potencia. Este límite es de 3 kW, que sólo cumplen 3.000 contratos eléctricos en el país.

Después de publicar esta norma la semana pasada, el ministerio cambia de criterio e introduce una progresividad de renta per cápita y familia para poder optar a la tarifa social, pero claro, tampoco se han definido los baremos ni límites de ingresos.

Como vemos, se está caminando sin rumbo porque ninguna solución que se plantea encaja realmente con el mercado pero el mes de julio está cada vez más cerca y los usuarios no sabemos aún que es lo que va a ocurrir con nuestras facturas eléctricas.

Creo que tenemos que concienciarnos a nivel social de la mejora productiva que es necesaria en la generación de electricidad, dejar de pagar a precio de oro los kW producidos mediante energías renovables no avanzadas tecnológicamente y decantarnos por sistemas de producción más barata, segura y ecológica a medio plazo.

Vía | Cinco Días
Imagen | aloriel
En Actibva | Cómo ahorrar luz en nuestro hogar

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