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El gran avance que han experimentado las telecomunicaciones en los últimos años ha obligado a los poderes públicos a actualizar las normativas reguladoras para adaptarlas a los nuevos servicios universales, así como para proteger los intereses de los usuarios ante nuevos servicios, e incluso a configurar nuevos derechos que hace solo unos pocos años nos podrían resultar extraños.
Esta protección ha tenido ha tenido unos de sus últimos reflejos en la Carta de Derechos del Usuario de las Telecomunicaciones, norma que ahora cumple un año, y que regula entre otros derechos el contenido del servicio universal de telecomunicaciones:
Consiste en un conjunto de servicios a los que tiene derecho todo usuario con una calidad determinada y a un precio asequible, independientemente de su ubicación geográfica.
Componen el servicio universal los siguientes derechos:
Acceso a línea fija de telefonía y datos en zona urbana que posibilite el acceso funcional a la comunicación y el acceso a internet.
Información sobre abonados, guías, teléfonos de información.
Oferta suficiente de teléfonos públicos.
Medidas para facilitar acceso en igualdad usuarios con discapacidad.
Tarifas especiales para personas con necesidades sociales especiales.
Tarifas transparentes, públicas y no discriminatorias.
Con todo ello se pretende asegurar a todos los usuarios un nivel básico de acceso así como evitar la exclusión de determinados colectivos, como los discapacitados o los pensionistas con bajos ingresos.
Este derecho universal a las telecomunicaciones viene ya enunciado en la Ley de telecomunicaciones del año 2003, y se ha venido delimitando más extensamente en las normas posteriores, el reglamento de prestación de servicios de comunicaciones de 2005, y finalmente en la carta de derechos del usuario de 2009.
La progresiva liberalización del mercado de las telecomunicaciones que se ha venido produciendo desde los años 80 aconsejó a los organismos comunitarios configurar el servicio de telecomunicaciones como un derecho, con el fin de evitar que pudieran quedar segmentos de población sin acceso a estos servicios por motivos de rentabilidad económica de los proveedores de servicios de telecomunicaciones.
La prestación del Servicio Universal se supervisa por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se presta por los operadores de telecomunicaciones, y se financia por aportaciones de la totalidad de los operadores del mercado, ya que resulta deficitaria, y serán los operadores los que deberán sufragarlo con los resultados de otros segmentos más rentables del mercado.
El proyecto de Ley de Economía Sostenible prevé aumentar el servicio universal en el acceso a internet desde las conexiones telefónicas a la red a un servicio ADSL con velocidad de descarga de 1 mega, es decir, configurar la banda ancha como un derecho de todos los usuarios, pero se trata solo de un proyecto que trataremos cuando se haga efectivo.
En Actibva | ¿Algún problema con las telecomunicaciones?
Más Información | Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
Imagen | Ivi PC
Francisco López Sorio, editor de Problemas con el banco
Comentarios
Si esto está perfecto, pero donde llega el ADSL no llega y por cierto si fuese más barato otro gallo nos cantaría