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Recientemente el Banco de España emitió un aviso acerca del riesgo elevado de las inversiones españolas en Argentina. Ese informe fue muy duro para con el gobierno argentino y puso en el tapete la marcha de su economía.
¿Pero cual es la realidad económica del país sudamericano? Antes de comenzar el análisis, aclararemos que sólo trataremos temas económicos, sin tocar los políticos, que por su complejidad nos demandarían mucho espacio. Para adelantar una idea, los números macroeconómicos de Argentina son excelentes, pero lo que está en la mira es la perspectiva futura a mediano plazo.
El escenario económico argentino ha mutado en los últimos meses, más precisamente desde el comienzo del prolongado conflicto entre el Gobierno y los campesinos, y lo que originalmente era un problema de naturaleza tributaria sectorial (el nivel de retenciones móviles a la exportación de granos, un virtual “precio máximo”) se ha transformado en un tema político y económico, que excedió a los actores iniciales para comprender al conjunto de la sociedad. A su vez, la virulencia del conflicto comenzó a evidenciar efectos colaterales sobre el comportamiento de la economía del país, que venía creciendo a tasas chinas (8,5% en 2006, 8,7% en 2007) y que seguirá por lo menos unos años más en ese nivel de crecimiento (estimativos del 7% en 2008 y del 5% en 2009).
Las consecuencias más visibles se tradujeron en un
menor flujo de exportaciones agrícolas y, consecuentemente, una desaceleración de los ingresos fiscales por derechos de exportación. ¿Podrá entrar en
default nuevamente Argentina en el corto plazo por este motivo? Es altamente improbable, ya que estos comportamientos deben evaluarse en términos relativos: gran parte de la cosecha record argentina (cerca de 100 millones de toneladas de granos) y los precios sensiblemente superiores auguran muchos ingresos en lo que resta del año y comienzos del próximo. Es más, en los primeros 5 meses del año (cuando estaba vigente el parón de actividades agropecuarias) las exportaciones del sector crecieron un 52% interanual, pero casi exclusivamente por el efecto precio. Por otra parte, el nivel de reservas monetarias del Banco Central se encuentran en niveles record.
La otra gran consecuencia, la que se puede considerar más importante, fue el efecto provocado por un incremento generalizado de la incertidumbre que se ha manifestado, en el corto plazo y de manera muy visible, en el sistema monetario y financiero argentino. Por caso, el retiro de depósitos del sector bancario y su canalización hacia la compra de divisas (en Argentina, el dólar es el activo de resguardo más utilizado y popular), principalmente a escala minorista. Esto provocó el nivel de liquidez de las entidades presionando la subida de los tipos de interés. El Banco Central, para contrarrestar esto, vendió reservas monetarias, bajó la paridad bancaria e inyectó liquidez mediante la recompra anticipada de sus propios títulos públicos.
A su vez, el mayor nivel de incertidumbre es posible que haya retrasado inversiones en el aparato productivo y postergado la adquisición de compra de bienes de consumo durable, como automóviles, inmuebles o maquinarias. Es tal sentido, la mayoría de las proyecciones económicas señalan la alta probabilidad de una desaceleración del nivel de actividad en la segunda mitad de este año.
El problema inflacionario, por su parte, merece una consideración especial. Además de la necesaria reconstrucción de la credibilidad del INDEC (organismo encargado de medirla pero virtualmente “intervenido” por el gobierno), que mes a mes informa guarismos que no se los cree nadie (en el último año el IPC oficial dio un alza del 8,7%, frente a estimaciones privadas del orden del 30%). Lo que el país está necesitando es una política específica, entre cuyos componentes la cuestión fiscal tiene un papel relevante, pero que no hay señales desde los responsables que hagan pensar que esta política pueda ser implementada.
En este sentido, el incremento permanente de los ya gigantescos subsidios a la energía (por ejemplo, 1 litro de gasóleo cuesta unos 0,50 €), al transporte (un boleto de bus en Buenos Aires cuesta unos 0,20 €) y a determinados productos alimenticios (un litro de leche, unos 0,35 €), financiados con sucesivos aumentos de las alícuotas de las retenciones a las exportaciones (el detonador del conflicto) parece haber alcanzado un límite preciso. El Gobierno ya no está en condiciones de seguir aumentando el gasto público sin poner en peligro los abultados superavit fiscal y comercial. En este contexto, se esperan correcciones tanto en tarifas como en ciertos productos básicos que no harían más que acelerar el proceso inflacionario. Pero, por otra parte, una cierta desaceleración o “enfriamiento” del nivel de actividad y, en particular, del consumo, podría generar condiciones más propicias para suavizar el impacto sobre el IPC argentino.
En definitiva: las próximas semanas son cruciales para saber si el gobierno argentino “toma el toro por las astas” o si persiste en las políticas de estímulo a la demanda con el proposito de sostener un elevado nivel de actividad. Es decir, nada de lo que no se ve en cualquier país del mundo en este momento: elegir entre inflación o crecimiento…
Autor. Fabián Sinibaldi. Analista económico de América del Sur de Financialred.com
Foto | Gustavo Buriola>
Comentarios
Muy buen análisis.