• 16/03/2010 18:47
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  La crisis financiera global ha puesto en evidencia importantes desequilibrios fiscales que están afectando a algunas economías. Si bien el foco de la prensa se ha centrado sobre el desempeño de los casos más críticos, la preocupación puede ser extendible a otras latitudes. Un informe reciente del Banco Internacional de Pagos (PDF) señala que en caso no se implemente ninguna reforma, el ratio de deuda pública sobre PIB podría elevarse de manera considerable en varios países del mundo desarrollado. Una parte significativa de estos crecientes déficit está asociada a sus sistemas previsionales.

  A diferencia de algunos países que hace algunos años iniciaron un conjunto de reformas a sus sistemas de pensiones otorgando mayor relevancia al ahorro individual, importantes economías del mundo todavía se enfrentan a grandes retos. Latinoamérica y algunos países de Europa del este han dado pasos importantes mediante la incorporación de componentes obligatorios de financiamiento privado a los planes de pensiones, complementando parte de sus sistemas públicos y mitigando los severos problemas que imponen, por ejemplo, el incremento de la esperanza de la vida.

  El envejecimiento de la población es una realidad que no debe ser perdido de vista cuando se plantean las reformas a los sistemas previsionales. Según un último estudio de la Oficina del Censo de EE.UU. (PDF) para el año 2040 la proporción de personas con más de 65 años se duplicará pasando de siete a catorce por ciento de la población mundial, alcanzando 1.3 mil millones en 30 años. En otro tanto, la tasa de dependencia de la Unión Europea, calculada como la proporción de personas de 65 años o más en relación a la población en edad laboral de entre 15-64, se elevaría de 25,4% a 53,5% en los próximos 50 años.

  De la mano con el problema de la esperanza de vida, se encuentran también los derivados de los beneficios pensiónales que en algunos casos pueden no estar acordes con la historia contributiva de los aportantes a los sistemas, lo que genera su desequilibrio. En la misma línea, también están los problemas estructurales en los mercados laborales pueden estar incentivando el acortamiento de las carreras de cotización.

  Ante esta problemática, y ahora agravada por la coyuntura actual, se vienen planteando algunas propuestas encaminadas a afrontar los retos que implica un mayor envejecimiento de la población y con esto lograr la sostenibilidad financiera de cada sistema. Así, el Gobierno español anunció a inicios de febrero una propuesta para elevar gradualmente la edad oficial de jubilación de 65 a 67 años a partir de 2013, y aumentar el número de años necesario para calcular la pensión.

  Similares anuncios se han realizado en Alemania, Dinamarca y Grecia, país cuyo proyecto de reforma del sistema sería presentado en abril y con el que, aunado con otras medidas permitiría reducir el déficit a 2,8% del PIB en el 2012. La OECD considera positiva la aplicación de estas acciones, aunque sostiene que se necesitan esfuerzos adicionales para atajar el problema de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, como son las reformas en los mercados laborales.

  Un estudio realizado por Barrell (2009 - PDF) para la economía del Reino Unido señala que un aumento en un año de la vida laboral (actualmente la edad legal de jubilación es de 65 y de acuerdo a la Reforma del año 2006 se prevé un aumento escalonado hasta llegar a los 68 a partir del año 2044) incrementaría los ingresos fiscales y reduciría los gastos de jubilación lo suficiente para recortar el déficit público en un 1 por ciento del PIB de la economía de este país de forma permanente. El Reino Unido cuenta con uno de los sistemas privados de pensiones más desarrollados en la Unión Europea, no obstante en paralelo mantiene un esquema público que se verá beneficiado con dicha medida.

  En el caso particular de América Latina la situación es menos complicada. El problema del envejecimiento demográfico en la evolución a medio y largo plazo de los sistemas de pensiones de los países de la región ha sido atenuada por las reformas, iniciadas en Chile a inicios de la década de los ochenta, que han contribuido a la consolidación fiscal. Con estos cambios se logró transferir la base de sustentación del sistema desde un sistema de reparto a uno de capitalización individual. Proyecciones actuariales muestran que, en ausencia de dichas reformas, la deuda explícita en América Latina habría aumentado, en promedio, hasta niveles próximos al 200% del PIB.

  Jasmina Bjeletic - Economista de Pensiones SEE BBVA

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  Información extraida del Servicio de Estudios del BBVA

• 22/09/2009 18:24
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• 06/04/2009 19:00
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• Tags: g20, geopolítica, londres

• 25/02/2009 20:35
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• 25/02/2009 18:06
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