La consolidación fiscal en España: un reto ambicioso y exigente pero factible a medio plazo

En la cumbre de ministros de Economía de la UE celebrada el 2 de diciembre se aprobó el calendario para la corrección de los déficits excesivos en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), en línea con la propuesta realizada por la Comisión Europea en el mes de noviembre.

El calendario adoptado para los distintos países establece una estrategia de salida de la política fiscal que permita cumplir con los objetivos del PEC a medio plazo en base a cuatro principios generales: una estrategia coordinada, estabilizadora, ambiciosa y sostenible a largo plazo.

Estas decisiones para corregir las situaciones de déficit excesivo junto con las dudas que han surgido en las últimas semanas sobre la capacidad de algunas economías para reencauzar sus políticas fiscales, reflejadas en el empeoramiento en la calificación de sus emisiones, han propiciado que el análisis de la sostenibilidad de la deuda pública haya pasado a estar en el foco de atención de los mercados financieros internacionales.

La reciente rebaja en la calificación de la deuda pública griega tuvo como consecuencia no sólo un aumento del spread soberano con respecto al bono alemán, sino que también generó algunas incertidumbres sobre un posible efecto contagio en los spreads soberanos de otras economías europeas con elevados déficits presupuestarios, que parece haber sido transitorio y de muy escasa magnitud.

En el caso concreto de España, las incertidumbres surgidas por el cambio en las perspectivas de calificación de la deuda pública han suscitado un intenso debate sobre la consolidación de sus cuentas públicas. A este debate se han unido los datos de deuda pública, que han puesto nuevamente de manifiesto el deterioro que están experimentando las cuentas públicas en los últimos tiempos.

Así, como puede verse en el Gráfico 2, en septiembre de 2009 el volumen de deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas alcanzó, según el Banco de España, el 49,7% del PIB, 2,6 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior y 10 puntos por encima del saldo vivo a cierre de 2008. Este incremento de la deuda pública refleja, además del deterioro de los saldos presupuestarios, los incrementos derivados de algunas medidas extrapresupuestarias que afectan únicamente al nivel de deuda tales como el Fondo de Adquisición de Activos Financieros.

Como ya se analizó anteriormente en el último número de la revista de Situación España, el saldo presupuestario del conjunto de administraciones públicas habría disminuido más de 13 puntos porcentuales, pasando de registrar un superávit del 1,9% del PIB en 2007, hasta alcanzar previsiblemente un déficit en torno al 11,5% en 2009 (Gráfico 4).

Este importante crecimiento del déficit público es el resultado de la combinación de una caída de los ingresos públicos (unos 6 puntos del PIB), que ha ido mucho más allá de lo que pueden explicar las políticas discrecionales de impulso fiscal o el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, y un fuerte incremento del gasto público (algo más de 7 puntos del PIB), el cual, arrastrado por el programa de impulso fiscal y el incremento de las prestaciones sociales ligadas al aumento en el desempleo, se situará en 2009 cerca del 46,5% del PIB, niveles no alcanzados desde principios de la década de los 90.

Las políticas discrecionales y el ajuste estructural que están experimentando las cuentas públicas habrían elevado el saldo estructural por encima del -9% del PIB, de los cuáles 2,7 puntos porcentuales corresponden a medidas discrecionales.

Miguel Cardoso - Rafael Domenech

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Información extraida del Servicio de Estudios BBVA