La educación y los sistemas de pensiones

En los cursos básicos de economía que recibimos en la Universidad aprendimos que el individuo representativo maximizaba su utilidad tomando decisiones sobre trabajo y consumo intertemporal (y por tanto de ahorro) que estaban sujetas a la restricción de renta presente y futura, y a la valoración de la utilidad que le generaba el consumo en la actualidad frente a hacerlo en periodos posteriores.

Dicho modelo debía incorporar no sólo el periodo de actividad laboral en el que se recibían ingresos, sino que también debía incorporar el periodo de jubilación. Había un supuesto implícito en la solución del problema. El individuo en cuestión conocía cual iba a ser toda su renta laboral futura, pero más importante aún, conocía a ciencia cierta cuales serían sus recursos en forma de pensión durante su época de jubilación.

Había otro supuesto fuerte en el modelo, el individuo sabía suficientes matemáticas financieras como para poder decidir cuanto ahorro necesitaría en el futuro para optimizar sus decisiones de consumo con un adelanto de 50 años. Cabe preguntarnos si los supuestos que incorpora la teoría pueden ser aplicables a la realidad, especialmente a lo que atañe a la parte de pensiones.

Según el trabajo de Boeri et al (2001) en el que se realizan unas encuestas sobre el nivel de conocimiento que tienen los individuos sobre el sistema de pensiones, se muestra que existe en general un amplio desconocimiento de la materia, especialmente en el caso de España. Como ejemplo, se preguntaba si el individuo conocía su tipo de cotización a la Seguridad Social.

En España el 50,8% no la conocía frente a Alemania o Italia que lo desconocían en un 21% y 35% respectivamente. Frente a la pregunta de si el sistema de pensiones podría no pagar el nivel de pensiones que se paga en la actualidad, en España no sabían nada al respecto el 23% frente al 6% y 7% en Alemania e Italia.

Este desconocimiento del funcionamiento de sistema ha podido estar alterando las decisiones óptimas de consumo/ahorro de los agentes en nuestro país. En la actualidad, la tasa de sustitución en España es de las más altas de la OCDE (82,2% frente al 55,7% respectivamente). Sin embargo, existe cierto consenso en el que el efecto del envejecimiento de la población hace inviable mantener ese nivel de generosidad en el sistema de reparto.

Sin embargo, el nivel de desconocimiento del sistema por parte de la población y las informaciones confusas que reciben de los medios sobre el aseguramiento de sus rentas futuras, han podido influenciar a los agentes a tomar decisiones que no han sido óptimas intertemporalmente.

Por ejemplo, el ficticio aseguramiento de las rentas futuras por parte de las pensiones públicas ha podido ayudar a decidir a muchas personas a emplear una proporción mayor de su renta disponible en los últimos años en la adquisición de activos poco líquidos (como los inmobiliarios) que han provocado el boom y el aumento de precios en el dicho sector.

De esta manera, podría ocurrir que aquellas cohortes de población que comiencen a jubilarse a partir de 2030, (momento en el cual se prevé que el sistema habrá agotado el fondo de reserva y comenzará a generar deuda) dichos futuros pensionistas serán relativamente ricos en patrimonio (tendrán un piso en propiedad) pero seguramente verán muy disminuidas su renta disponible por la disminución de su tasa de sustitución.

En conclusión, si un individuo no es capaz de calcular el nivel de ahorro financiero necesario para cubrir sus expectativas de consumo tras la jubilación, porque no tiene los conocimientos financiero/actuariales necesarios, podría considerarse que sea el regulador el que realice ese cálculo y establezca los incentivos orientados a generar el ahorro necesario para mantenerlo.

En cualquier caso, educar o informar a la población sobre la situación real del sistema ayudaría a tomar decisiones de ahorro apropiadas en cada uno de los casos.

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Información extraida del Servicio de Estudios de BBVA

Imagen | Kenny