Garantías de los bienes de consumo

Si hace unas jornadas tratábamos la posibilidad que el consumidor tiene de anular algunos tipos de contratos válidamente suscritos, hoy nos vamos a centrar en la garantía que debe prestarse sobre los mismos, su correcto funcionamiento y características, que como veremos también puede acabar, en algunos casos, en la anulación del contrato.

De manera previa acotaremos que solo nos vamos a referir a los contratos en los que intervienen un consumidor o usuario final y un comerciante o empresario, es decir, quedan fuera de este régimen y por tanto de nuestro análisis, los contratos celebrados entre dos comerciantes o empresarios, y los contratos celebrados entre particulares, a ninguna de estas dos tipologías se le aplica el régimen de garantía obligatoria.

La materia que tratamos se encuentra regulada por el R.D.L. 1/2007 que aprueba el Texto Refundido de la Ley General Para la Defensa de los Consumidores. Esta regulación de la garantía afecta a la compra venta de productos y a los contratos de suministro de bienes que deban producirse o fabricarse, excluyendo, por ejemplo, los suministros de agua, gas o electricidad, salvo que estén envasados, también se excluyen de esta regulación los inmuebles y los servicios.

Podemos definir la garantía como: la obligación que impone la Ley al vendedor de los bienes de consumo consistente en el saneamiento de los defectos que se sean originarios del producto, mediante la reparación, sustitución, rebaja del precio o resolución del contrato. Hagamos notar que el defecto debe ser originario, por tanto no lo cubrirá la garantía si se produce por un hecho externo, mal uso, falta de mantenimiento o cualquiera otra que no consista en un defecto intrínseco del producto.

El saneamiento de los defectos – reparación, cambio – debe hacerse por el orden que marca la Ley: reparación, sustitución, rebaja del precio y resolución, siendo gratuitas para el consumidor e incluyendo gastos de transporte, mano de obra y materiales, y debiendo llevarse a cabo en “un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor”, cláusula ésta muy abierta que ocasiona no pocos problemas al no cuantificar los “plazos razonables” .

La duración del periodo de garantía es de dos años desde la entrega de los bienes, pudiendo pactarse que la duración se reduzca a un solo año en los casos de venta de bienes de segunda mano. Durante los seis primeros meses existe la presunción de que cualquier defecto que aparezca en el producto era originario, es por tanto en estos primeros seis meses cuando la protección que otorga esta norma es más eficaz, invirtiéndose la carga de la prueba a partir del sexto mes.

Más Información | Instituto Nacional de Consumo
Imagen | Victor Nuñez

Francisco López, editor de Problemas con el banco