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El primer Consejo de Ministros sirvió para aprobar el primer gran paquete de medidas ideado por el Gobierno para frenar el proceso de desaceleración económica en que está envuelta la economía española. El coste total del plan alcanza los 10.000 millones de euros y contempla once medidas concretas. Pero el Ejecutivo nacional no es el único que está tomando cartas en el asunto para revitalizar la economía y las diferentes administraciones autonómicas están haciendo lo propio en áreas más concretas para cada región. Su gasto podría ascender a los 6.000 millones de euros.

En cuanto al plan del Gobierno, la mayor parte del presupuesto se destinará a la deducción de 400 euros en el IRPF que Zapatero prometió en las elecciones. Con esta las arcas públicas dejarán de ingresar cerca de 6.000 millones de euros, el 0,9% de la renta disponible de las familias. Su aplicación se hará efectiva a partir de junio y debería servir para incrementar el consumo o aliviar las situaciones de pago.

El mercado inmobiliario centra buena parte de las medidas de este plan. Así, en primer lugar se mejorará el tratamiento fiscal de las rehabilitaciones de edificios, que se considerarán como tales cuando superen el 25% del precio de adquisición del inmueble. Con esta decisión pretenden espolear la actividad del sector constructor por medio de las reformas en lugar de la construcción de viviendas. Sin embargo, esta última también tiene cabida dentro de su plan. De hecho, se reforzará la construcción de vivienda protegida hasta alcanzar en el medio plazo las 150.000 unidades anuales. En este sentido, también se estimulará la financiación de este tipo de viviendas a través de la ampliación en 2.000 euros de la línea de avales ICO para la titulación de préstamos hipotecarios, que en 2008 alcanzarán los 5.000 millones de euros. Además, se suprimirán los gastos fiscales de las operaciones de ampliación del plazo hipotecario y se ha llegado a un acuerdo con las entidades de crédito para que rebajen las condiciones para alargar este tipo de créditos. Además, también está previsto eliminar los gastos registrales y notariales.

En materia fiscal, además de la deducción de 400 euros, desaparece definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio y este será el último año en el que haya que presentarlo. El Gobierno cifra en 1.800 millones de euros el ahorro para las familias. Para incentivar el ahorro de los no residentes se mejorará la fiscalidad de la Deuda Pública y otros instrumentos de renta fija.

En el ámbito empresarial se ampliará en 2.000 el aval que el Estado concede para la titulización de créditos para las pymes, lo que en realidad supone conceder más facilidades de créditos a las pequeñas y medianas compañías. Este tipo de sociedades también podrán recibir antes sus devoluciones de IVA. Hasta ahora tenían que esperar un año para contar con ese dinero y ahora podrán pedirlo mensualmente, lo que aumenta su liquidez global en torno a los 6.000 millones de euros.

Por último, el Gobierno también agilizará la obra pública y tratará de recolocar a los trabajadores desempleados.

Medidas autonómicas

Siguiendo en ejemplo de la administración central los diferentes gobiernos autonómicos han elaborados sus propios planes de choque complementarios para paliar sus deficiencias concretas. El gasto total ronda los 6.000 millones de euros, pero su distribución es muy irregular. En general se llevará a cabo mucha inversión en el ámbito de las infraestructuras, lo que servirá en parte para mitigar hipotéticos descensos del empleo en la construcción.

En Galicia, por ejemplo, se llevará a cabo un programa de dinamización de la obra pública con un coste de 1.575 millones de euros, en tanto que Andalucía destinará caso 30.000 millones hasta 2013 también en obra pública para comprar suelo, construir viviendas de protección oficiar y urbanizar terrenos. El gobierno balear se gastará 1.000 millones en ayudas a las pyme y un plan de viviendas de protección oficial y obra pública, mientras que la comunidad de Murcia todavía debe aprobar el plan de inversiones adicionales por valor de 535 millones de euros para construir viviendas de precio limitado. Además, en Castilla-La Mancha crearán un nuevo tipo de casas, de iniciativa público privada. En Cantabria la inversión directa sumará 668 millones de euros tras aprobarse 68 millones adicionales al presupuesto inicial de infraestructuras de carretera.

Navarra también centrará sus esfuerzos en la construcción de infraestructuras con inversiones de 4.500 millones de euros hasta 2012. En Aragón se acondicionarán 1.500 kilómetros de carreteras con un coste de 650 millones de euros, a lo que hay que unir la construcción de 15.000 viviendas de protección oficial y un plan de reciclaje para los desempleados.

Al margen de las iniciativas de construcción inmobiliaria, en Canarias pondrán más énfasis en mejorar sus prestaciones fiscales con una deducción en el tramo autonómico del IRPF para la compra de vivienda. Por su parte, Asturias tratará de aliviar la carga de las familias con un aumento de 500 euros a los 2.500 euros que ya ofrece el cheque bebé del Gobierno central y con la supresión del impuesto de sucesiones. El País Vasco optará por incentivar el consumo, para lo que rebajará el IRPF de forma similar a los 400 euros del estado.

Por su parte Cataluña cuenta con un plan que contempla 42 medidas para reactivar la economía a través de la licitación de obra pública y ayudas a la construcción de vivienda de protección oficial. El coste total rondará los 2.700 millones de euros.

Autor. José Trecet. Analista financiero de Financialred.com

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